El uso de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, Didi y otras plataformas digitales ha generado controversia en Colombia desde su llegada. Ahora, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido intensificar las acciones para prohibir a los vehículos particulares prestar servicios de transporte sin autorización. A través de una circular emitida el 6 de septiembre de 2024, las autoridades buscan garantizar que estas plataformas digitales, como Uber, cumplan con la normativa vigente, lo que incluye la inmovilización de vehículos y la imposición de multas a los conductores. En Colombia, prohibir no es la solución, pero sí lo es regular para encontrar un equilibrio
Medidas de Inmovilización para Vehículos de Plataformas Digitales en 2024
Las bases legales de esta ofensiva gubernamental se encuentran en dos leyes que, a pesar de su antigüedad, siguen marcando el paso: la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002. En ellas, se estipula que todo vehículo destinado a transporte público debe contar con una habilitación oficial. Pero la infracción D12 del Código de Tránsito va más allá: impone una multa de $1.300.000 para este 2024, y, por si fuera poco, castiga con la inmovilización del vehículo entre cinco y cuarenta días. Y si alguien insiste en reincidir, la licencia de conducción podría ser suspendida ¡hasta por 25 años!
La circular, sin proponer nuevas leyes, sí aumenta la presión sobre las autoridades locales de tránsito, exigiendo que no haya excusas y que la norma sea aplicada con mano firme. En un plazo de tres días, deben impartirse instrucciones a los operativos de control, y en cinco, reportar las acciones tomadas. La Superintendencia no deja lugar para interpretaciones: se trata de cumplir o cumplir.
Impacto de las Nuevas Normas sobre Aplicaciones de Transporte en Colombia
La postura del gobierno es clara: los vehículos particulares no tienen permiso para operar como transporte público. Y esto afecta de manera directa a los miles de conductores que dependen de estas plataformas para llevar el pan a sus mesas. Las sanciones no se limitan a la multa: la inmovilización de sus vehículos y la posible suspensión de sus licencias dibujan un panorama sombrío para estos trabajadores.
Pero el rechazo no se ha hecho esperar. José Daniel López, presidente de Alianza IN, un gremio que aglutina a las plataformas tecnológicas de América Latina, no ha escatimado críticas. Según él, esta circular va en contra de una sentencia de la Corte Suprema que reconoce el derecho humano al uso de la tecnología, incluyendo las plataformas de movilidad. López sostiene que, lejos de permitir el progreso, estas sanciones aplastan a la economía popular, que depende, en gran medida, de la innovación tecnológica para subsistir.
Argumentos a Favor y en Contra de la Prohibición de Uber y Otras Aplicaciones
Los defensores de la medida argumentan que este tipo de sanciones son necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y proteger a los conductores del transporte público tradicional, quienes deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales. Desde su perspectiva, permitir que los vehículos particulares brinden estos servicios sin la debida autorización es una falta grave que debe corregirse de inmediato.
Sin embargo, del otro lado del debate, los defensores de las plataformas señalan que Colombia está quedándose atrás. En países como México y Brasil, el gobierno ha optado por una vía de regulación más que de persecución, lo que ha permitido un crecimiento armónico y sostenible del sector. ¿Por qué no seguir ese ejemplo? Argumentan que es hora de modernizar el marco regulatorio, permitiendo que ambas formas de transporte coexistan.
Consideraciones finales sobre la Prohibición de Plataformas Digitales en el Transporte Colombiano
El aumento de los controles sobre los conductores de plataformas refleja una clara intención del gobierno de proteger el transporte público formal, pero también expone un problema más profundo: la falta de una regulación acorde con los tiempos que corren. Es indiscutible que las plataformas digitales han transformado la forma en que nos movemos en las ciudades, y seguir ignorando esa realidad no hará que desaparezcan.
El reto que enfrentamos hoy es grande: ¿seguimos reprimiendo esta tendencia tecnológica o encontramos una manera de regularla de forma justa? Es crucial que esta discusión, ahora más vigente que nunca, no se quede en sanciones y multas, sino que evolucione hacia un debate serio y constructivo. ¿Cómo podemos integrar estas innovaciones en nuestro sistema de transporte de manera eficiente, equitativa y sostenible?
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